Desde que Spanair puso fin a su vida operativa el viernes 27 de enero de 2012, por la falta de capacidad financiera ante la renuncia a invertir de Qatar Airways, dejando a 2604 empleados en la calle y a miles de pasajeros afectados, han pasado ya más de 2 años y medio. Ese tiempo es el que ha tardado la administración en dedicarse a juzgar a los responsables de la compañía, condenados en septiembre de este año.La participación de la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona en Spanair a través de empresas instrumentales, como la promotora industrial Avançsa, se cifra en unos 185 millones de euros. La Generalitat, a través de su conseller de Economía, Mas Colell, lamentaba la renuncia del inversor extranjero, asustado ante la presión del gobierno español y de la UE, que reclamaban la devolución de las ayudas recibidas por la compañía en caso de que la inversión se produjera. Sin embargo los máximos responsables políticos catalanes eran conscientes, como “observadores en el consejo de administración y en la comisión ejecutiva de Spanair“ (tenían reuniones de control con los gerentes de la compañía), de las enormes dificultades en la negociación. Las continuos créditos de la Generalitat permitieron que la compañía pudiera pagar sus gastos corrientes (sueldos, combustible, etc.) y siguiera volando seis meses más, dado que a fecha de 30 junio de 2011 no era capaz de pagar ni el 20% de su deuda. Esta dilación en la toma de la decisión agravó la insolvencia de la compañía hasta su cierre definitivo.Por todo ello el Juzgado Mercantil nº10 de Barcelona ha declarado el concurso de acreedores de la compañía culpable. Los condenados son 12, personas físicas y jurídicas: Ferran Soriano, Michael Balint Szucs, Karl Mats Erik Lönnqvist, Miquel Martí Escursell, Jordi Rafael Bagó, Josep Maria Benet, Josep Mateu, Benny Zakrisson, Inversions Turístiques i Comercials 2009, Fira Internacional de Barcelona, Catalana d’Iniciatives, i Avançsa. Deben hacer frente a un pago solidario de 10,8 millones de euros, el déficit ocasionado por la demora en la solicitud de concurso de acreedores, y su inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos en dos años. El juez considera que existe una justificación “perfectamente acreditada” por la administración concursal de que dichas personas físicas y jurídicas agravaron la insolvencia de la concursada con su conducta de retrasar la presentación del concurso voluntario. La Generalitat será obligada a pagar unos 48 millones de euros. Sin embargo, las posibilidades de recurso de las partes condenadas pueden dilatar una sentencia incluso hasta 4 años en los que no se harán efectivos ni el pago ni la inhabilitación.No es ese el único caso en el que Spanair figura como parte demandada. Junto a Vueling, Ryanair, y Groundforce UTE figura en las demandas que dos compañeros de CNT; empleados de los servicios de tierra interpusieron en el momento del cierre de la compañía. Esperan una decisión judicial acerca de la subrogación de sus contratos por las compañías que usan las rutas y captaron los clientes de Spanair. Tras un amplio retraso causado por los intentos de los juzgados mercantil y social de echarse el caso el uno al otro (que motivó la actuación del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya), el juzgado de lo social por fin ha puesto fecha para el juicio: el 11 de diciembre de este año.