¡O reaccionamos, o morimos en silencio!
Están desmantelando la sanidad pública y gratuita. Bajo la capa de salvarnos del SARS–CoV–2 han retirado de la oferta de la sanidad pública todo acceso a la medicina preventiva, al seguimiento de patologías crónicas y operaciones no vitales. Tampoco se realizan pruebas diagnósticas de cribaje, ni diagnósticas que no sean consideradas agudas graves. Si pides visita en tu ambulatorio tienes que acreditar que estás grave. De toda la salud pública tan sólo queda un servicio de urgencias que es totalmente insuficiente para asegurar la salud de la clase trabajadora.
Los políticos se están tirando a la cabeza el número de muertos producidos por la acción del SARS–CoV–2, pero ninguno habla, se preocupa o padece por los muertos que a medio y largo plazo producirá esta situación de desatención sanitaria. Algunos muertos sirven para hacerse propaganda y otros se ocultan en oscuras cunetas del silencio. Estos últimos muertos no interesan que se vean porque sería mala publicidad ya que estamos en el tramo final del desmantelamiento de un sistema de salud público y gratuito imperfecto, sí, pero, que pese a los políticos, iba funcionado para desgracia de la sanidad privada.
Los muertos que se producirán, o tal vez ya se estén produciendo, dejarían al aire todas las vergonzantes acciones de los políticos. De todos los políticos, incluidos los sindicaleros. Todos ellos, para mantener sus poltronas anegadas de sangre trabajadora y un retiro digno de su traición, han de dar a los poderes fácticos el negocio saneado de la salud. Como resultado están dejando una sanidad pública de beneficencia, de reparación rápida y no garantizada.
Ya estamos en esta situación y nadie sale a la calle, nadie protesta y ni mucho menos se lo plantea. Con su estrategia (la de los poderes) nos ha inculcado un miedo tan extremo que se nos ha olvidado que hay todo un conjunto de patologías mortales o incapacitantes que no se están controlando, ni siguiendo, ni diagnosticando preventivamente.
Tenemos la sanidad que ellos querían, una sanidad pública disminuida que obliga a los que pueden pagarse una sanidad mercantil a buscar refugio en esta, y a la gente despistada, ajena al hecho de que le están robando la salud.
La sanidad pública, desmantelada; la salud de la clase trabajadora, comprometida. Eso sí, los políticos nos obligan a comprar mascarillas y gel hidroalcohólico (por cierto ¿alguien ha leído las indicaciones de estos geles?) con la certeza de que cuando la COVID-19 vuelva a tener una mayor incidencia la culpa no será de ellos por desmantelar la sanidad pública para darle el negocio de la salud a sus amos, será culpa de la ciudadanía irresponsable que no lleva mascarilla ni se lava las manos.
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